Recorte sobre recorte en educación:
La educación española se enfrenta a un recorte sin precedentes. El Gobierno prevé que entre 2010 y 2015 el peso de la inversión pública en educación se reduzca del 4,9% al 3,9% del PIB, según el documento de ajustes enviado a Bruselas por el Ejecutivo. Y España ya estaba por debajo del PIB medio europeo. Esa bajada equivaldría a la pérdida de unos 10.000 millones de euros en cinco años.
La crisis y el tijeretazo se notan desde hace tiempo en la educación española: con miles de profesores menos, suspensión de programas de apoyo escolar, ahogos para pagar la luz o la calefacción... Y eso es solo el principio.
A partir de septiembre, con el inicio del nuevo curso, se empezarán a percibir buena parte de las consecuencias de la rebaja en los presupuestos educativos desde 2010 (más de 3.000 millones) y de los otros 3.000 millones extra que busca reducir el decreto aprobado el pasado jueves por el Gobierno. Unas consecuencias aún inciertas, pues dependerán del ahogo económico y las prioridades de cada autonomía.
En esto ha insistido mucho la última semana el ministro de Educación, José Ignacio Wert, al defender el decreto. Este fija un mínimo de recortes y ofrece nuevas herramientas legales —principalmente, el aumento del número máximo de alumnos por aula y las horas de clase que dan los profesores— para reducir plantillas en unos 40.000, según el PSOE, y muchos más, según los sindicatos, pues buena parte de las medidas afectan también a los colegios concertados y a la Universidad. Según Wert, no queda más remedio que recortar, pero las medidas apenas afectarán a la calidad del sistema, aunque se está pidiendo a los profesores un esfuerzo en estos críticos tiempos con medidas “dolorosas”, dijo. Estas también incluyen la posibilidad de aumentar unos 500 euros de las matrículas universitarias (sobre una media de 1.000 al año), mientras se endurecen las condiciones para acceder a las becas.
Pero en el otro lado, representantes de toda la comunidad educativa (padres, sindicatos y alumnos, desde la educación infantil a la Universidad) se han movilizado porque sí creen que afectará a la calidad de un sistema que aún necesita mejorar mucho (aunque está bajando, el abandono escolar casi dobla la media europea: más del 26%). También creen que las más perjudicadas serán las clases humildes: según un estudio de CC OO de Madrid, cuando se reducen profesores, se recortan los apoyos para los que van peor. Piden preservar al máximo la educación pública de los recortes, pues de ello depende, aseguran, el futuro del país.
Jesús María Sánchez, de Ceapa (asociación de padres mayoritaria en la escuela pública), explica que tanto el decreto como el plan de ajustes enviado a la UE han conseguido unir un movimiento de protesta que hasta ahora se había movido como los recortes, por goteo. El martes próximo, en una inédita huelga convocada en toda España en todos los niveles educativos, se verá hasta qué punto lo ha hecho.
Para el catedrático de Economía de la Universidad Carlos III Juan José Dolado, “frente a una política de tabla rasa, la huelga está justificada; no lo está si se trata de reducir la grasa sin afectar al hueso”. Por ejemplo, el aumento de ratio “no reducirá la calidad especialmente en los colegios con alumnado más homogéneo, pero será un grave error hacerlo en aquellos donde sea más heterogéneo”. Dice que hay margen para recortar en Universidad, pero que se debe invertir más en educación de cero a tres años y en FP. Pero lo que de momento se ha aplicado, según la asociación de directores de centros públicos Fedadi, es esa política de tabla rasa.
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